Crisis de integridad digital: la UNAM y el caso Territorium Life
La Universidad Nacional Autónoma de México ha determinado la conclusión anticipada de su vínculo contractual con la empresa Territorium Life tras detectar irregularidades en el Proceso de Selección a Licenciatura 2026; un movimiento que activa un protocolo de fiscalización profunda sobre la transparencia en la contratación de servicios tecnológicos educativos.
El diagnóstico: fallas sistémicas y respuesta legal
La detección de anomalías durante la aplicación del examen de ingreso en línea ha forzado a la institución a tomar medidas de remediación inmediatas para garantizar la equidad del proceso. Como consecuencia directa de estas fallas, la máxima casa de estudios implementó un examen de control adicional para verificar los resultados de los aspirantes, lo que provocó un retraso de dos semanas en el inicio del ciclo escolar para los estudiantes de nuevo ingreso. Hugo Concha, abogado general de la universidad, confirmó que además del cese del contrato, se ha interpuesto una denuncia penal contra quienes resulten responsables de las inconsistencias observadas durante la ejecución de las pruebas digitales.
El blindaje técnico: la triple auditoría
Para deslindar responsabilidades y revisar la legalidad del proceso, el rector Leonardo Lomelí Vanegas ha solicitado la ejecución de tres procesos de fiscalización simultáneos. El primero consiste en una auditoría interna coordinada por la Contraloría de la Universidad. El segundo frente implica la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual revisará la legalidad del proceso de contratación con la firma proveedora. Finalmente, una empresa especializada externa llevará a cabo una auditoría tecnológica exhaustiva a la plataforma digital para determinar si las fallas fueron de origen operativo o si existieron vulneraciones externas en el sistema.
El precedente de la contratación directa
La situación de Territorium Life pone bajo el reflector las prácticas de adjudicación en el sector educativo público. Entre los años 2018 y 2026, la compañía suscribió un total de 22 contratos con seis universidades públicas del país para la aplicación de exámenes, renta de licencias y adquisición de plataformas. Un factor relevante para los analistas es que la totalidad de estos acuerdos fueron otorgados mediante adjudicación directa. Tras la disolución del convenio actual, que se realizó por común acuerdo para facilitar las investigaciones, la empresa tiene la obligación legal de entregar a la universidad la totalidad de las bases de datos de los exámenes aplicados.
Desde el seguimiento que next+ ha dado a este tema, la ruptura entre la UNAM y su proveedor tecnológico subraya la vulnerabilidad de las instituciones cuando la infraestructura crítica de evaluación depende de terceros sin una capa de auditoría previa robusta. El modelo de contratación directa en servicios de tecnología educativa enfrenta ahora un escrutinio mayor, donde la eficiencia operativa no puede sustituir a la seguridad de la información. Para los directivos en el sector público y privado, este caso confirma que la soberanía de los datos y el control sobre los algoritmos de evaluación son componentes esenciales para mantener la legitimidad de cualquier proceso de selección masivo en la era digital.