El modelo de flexibilización laboral que sostiene a la economía colaborativa de reparto y transporte por aplicaciones en México enfrenta un fuerte choque estructural en materia de seguridad social. De acuerdo con las cifras oficiales de registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el sexto mes del año 2026 se evidenció que solo uno de cada siete trabajadores adscritos a plataformas digitales cuenta con las condiciones de ingreso necesarias para acceder a un empleo formal completo. Esto significa que únicamente el 14% de la base de datos total de este sector productivo, estimado en aproximadamente 1.7 millones de personas activas a nivel nacional, alcanzó los umbrales económicos necesarios para cotizar en la totalidad de los seguros y ramas de cobertura que ofrece el instituto.
Este fenómeno responde directamente a las reglas operativas y fiscales de la fase de formalización del programa de trabajadores independientes de plataformas digitales que se ejecuta en el país. Bajo las normativas del IMSS para el ejercicio de 2026, los repartidores y conductores deben reportar un nivel de ingresos mínimos que varía drásticamente según la herramienta de transporte empleada (automóvil, motocicleta o bicicleta) y descontar porcentajes de exclusión del ingreso neto sin contemplar propinas. Para un conductor de aplicación en automóvil, por ejemplo, es obligatorio generar cerca de 19,000 pesos mensuales brutos para superar estas exclusiones y que el salario neto cotizable cumpla con el estándar mínimo de ley. De no alcanzar este rango financiero, el sistema los excluye del esquema de cobertura de pensiones, guarderías y servicios médicos integrales.
En consecuencia, el 86% restante de la población ocupada en plataformas digitales queda limitada de forma exclusiva a recibir el seguro de riesgos de trabajo, el cual brinda protección médica única y estrictamente ante accidentes de tránsito o incidentes sufridos durante la prestación del servicio activo dentro de la aplicación. Esta brecha económica refleja que, si bien el sector de entrega de alimentos y transporte ha funcionado como el principal amortiguador y generador de volumen en la nómina laboral del país, el incremento de los costos operativos diarios de los repartidores (mantenimiento de vehículos, combustible y depreciación) continúa actuando como una barrera que dificulta su transición hacia la seguridad social plena, abriendo el debate hacia esquemas de cotización proporcionales basados en horas trabajadas en lugar de salarios mínimos completos.
Desde el punto de vista del equipo de next+, los datos del IMSS sobre el empleo en plataformas ponen sobre la mesa un dilema impostergable para la alta dirección y los tomadores de decisiones: la sostenibilidad de la economía bajo demanda no puede sostenerse de manera indefinida a expensas de la precarización de su primera línea de servicio. Si bien los canales digitales han democratizado las opciones de autoempleo ágil, diseñar una estructura regulatoria que exige ingresos difíciles de alcanzar para la gran mayoría de la flota genera un riesgo de rotación constante y desincentiva la lealtad hacia las aplicaciones. Para las corporaciones que dependen de redes logísticas de última milla, el verdadero reto estratégico consistirá en co-diseñar esquemas de compensación más transparentes, optimizar las tarifas por servicio y colaborar activamente con los reguladores para formular modelos de aportación por hora laboral efectiva. Solo aquellas marcas que asuman la formalidad de sus colaboradores como un activo reputacional y de resiliencia operativa lograrán blindar su cadena de distribución en el mediano plazo.